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Declaraciones

26/05/2016 0:00

Las razones de la refrendación: Sergio Jaramillo

​Intervención del Alto Comisionado para la Paz en la audiencia pública de la Corte Constitucional.

Bogotá, mayo 26 de 2016.

Foto: Omar Nieto remolina (OACP)
Agradezco a la Honorable Corte la invitación a participar en esta audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria en discusión. No hay hoy un tema más trascendental para la vida de la República que la refrendación popular de los Acuerdos de la Habana.
 
Pero antes de explicar por qué el Gobierno Nacional insistió desde el primer momento en la refrendación, por qué hay una relación interna –una imbricación directa y esencial– entre la refrendación y los fines del proceso de paz, y por qué este proyecto de ley es necesario para el cumplimiento de estos fines, permítanme hacer una reflexión.
 
Estamos sin duda ante el momento más importante de nuestras vidas: el fin de un conflicto de más de 50 años, de una guerra que nadie nunca creyó que se fuera a acabar y que ha dejado cicatrices o huellas en cada uno de nosotros. Ayer llegamos de La Habana con el doctor Humberto de la Calle y los demás miembros de la delegación, luego de revisar los últimos detalles del cese al fuego, la dejación de armas y las garantías de seguridad. Tengo la convicción de que vamos a llegar a un acuerdo.
 
En cualquier país, el fin de un conflicto de medio siglo supondría que se vive un “momento constitucional”, en el sentido del término que acuñó Ackerman, por la sencilla razón de que no hay nada más extra-constitucional que una guerra. Fue defendiendo nuestra Constitución que murieron heroicamente tantos de nuestros soldados y policías– y encauzar la transición a la paz requiere ajustes en el orden constitucional y legal.
 
El ejemplo más evidente es la justicia transicional. En ninguna negociación de paz una guerrilla ha dejado las armas para someterse a un régimen ordinario de penas. Y el derecho penal tampoco basta para hacer justicia en una verdadera transición. El foco debe estar en los derechos de las víctimas, en facilitar la transición y en las garantías de no repetición. Eso es lo que estamos acordando en La Habana y eso requiere ajustes legales y constitucionales.
 
Pero no es el único ejemplo. En este momento enfrentamos lo que yo llamo “el problema de la sincronización”. Los tiempos y las lógicas del proceso chocan con el transcurrir ordinario de nuestra vida constitucional. Así como el Gobierno exige el desarme pleno y verificable a las FARC, así también está en la obligación de dar rápidamente garantías de cumplimiento, para lo cual impulsa un proceso legislativo especial que produzca la normatividad necesaria para la implementación, y ha acordado mecanismos especiales para introducir los acuerdos al ordenamiento y garantizar su estabilidad jurídica.
 
Ante un momento como éste innumerables países han optado por dotarse de una nueva constitución, convocando una asamblea nacional constituyente.
 
En opinión del Gobierno ese es un camino equivocado, fundamentalmente por dos razones.
 
Primero, porque como dijo el Presidente Santos en noviembre de 2011 y como lo explicará mucho mejor de lo que lo podría hacer yo el doctor Humberto de la Calle, en la concepción del Gobierno este proceso es precisamente el cierre del ciclo constituyente del 91. Todos los testimonios coinciden en que los constituyentes entendieron la Carta como un pacto de paz – un pacto de paz que hasta ahora podremos materializar. Nuestro problema principal no son las normas; es la transformación de la realidad.    
 
Y esa es la segunda razón: el objetivo de este proceso no es emprender aventuras constituyentes, es terminar el conflicto para poder llevar a la realidad con mayor eficacia los derechos consagrados en la Constitución. 
 
Por eso todos los acuerdos de La Habana están permeados por un enfoque de derechos y por un enfoque territorial. Porque de lo que se trata es de crear las condiciones en una fase de transición para que la democracia y el Estado de derecho se puedan desplegar por todo el territorio nacional y para que quienes han vivido en sus márgenes tengan la posibilidad real de tener voz. Una democracia abarcante: no puede ser otro el objetivo de un proceso de paz en una democracia constitucional.
 
El reto está en abrir los caminos y desarrollar los instrumentos constitucionales y legales que den forma a este momento constitucional, faciliten la transición y consoliden la Constitución. Por eso, Honorables Magistrados, requerimos de toda su sabiduría, de toda su inteligencia, de toda su imaginación constitucional.
 
El detonante y el punto nodal de la transición es la refrendación. Es la voz colectiva de los colombianos, de los que viven en Bogotá, o en Cali o en Medellín, pero también de los que viven en el El Tarra en el Catatumbo, o en Piñuña Negro en el Putumayo, o en Don Gabriel en los Montes de María, la que hará el engranaje entre un acuerdo político como será el Acuerdo Final y su introducción por las vías institucionales al ordenamiento jurídico.
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Paso ahora a explicar las razones de la refrendación y las razones para presentar este proyecto de ley en particular. 
 
La primera razón es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, como dice el artículo 2 de la Constitución. Esa fue la instrucción que recibí del Presidente Santos cuando construimos la agenda en la fase confidencial: “los colombianos deben tener la última palabra”. Así quedó consignado en el Acuerdo General de agosto de 2012 y así lo anunció el Presidente en septiembre de ese año.
 
Es un principio elemental: lo que toca a todos, todos lo deben aprobar. Es el antiquísimo principio del “quod omnes”. Y nada toca más a los colombianos que la paz. Por eso sorprende que algunos argumenten que la paz no se puede refrendar por ser un derecho fundamental. El argumento es exactamente al revés: puesto que la paz es un propósito rector y un derecho consignado en la Constitución, se requiere la mayor y más amplia deliberación para establecer si el Acuerdo al que lleguemos satisface adecuadamente o no ese derecho.
 
Por eso el Gobierno promovió la creación de un mecanismo especial de participación que contiene el proyecto de ley en discusión, en concordancia con el carácter universal y expansivo del principio democrático que tantas veces ha mencionado esta Corte, para asegurar que de ese mecanismo surja una decisión política que nos comprometa a todos, al Gobierno, a la sociedad y a las FARC, y que contenga los incentivos necesarios para asegurar la mayor participación en ese ejercicio de deliberación. Ya lo dije: es la refrendación la que marca el inicio simbólico de la transición, como ha ocurrido en tantas otras partes.
 
Debo también recordar que la concepción del Gobierno del fin del conflicto y los acuerdos de La Habana no se reduce a un pacto militar, a un acuerdo entre élites, como les ha dado algunos por llamar. El fin definitivo del conflicto y la garantía de su no repetición y de su no degeneración en otras formas de violencia requiere poner en marcha una serie de planes y programas de gran envergadura en una lógica de integración territorial, derivados de los puntos de la agenda, que es a su vez una agenda ceñida a una lógica de no repetición.
 
Y se requiere también poner en marcha una gran transición política que incluya a las FARC. 
 
No pretendemos imponerle a nadie desde La Habana esta visión, ni tampoco pretendemos estar más allá de cualquier equivocación. Bienvenidas las críticas y las voces de disenso. Serán los colombianos los que decidan sobre la conveniencia de los acuerdos.       
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La segunda razón es la promoción de la participación. Es aquí donde se cruzan con toda nitidez los fines del proceso con los de la refrendación. Que se trate de la construcción de un acueducto veredal, del levantamiento del catastro, del desarrollo alternativo y los programas de desarrollo con enfoque territorial, de las garantías de seguridad para la participación política, de los capítulos territoriales de la comisión de la verdad o de los actos de reparación: todos los acuerdos de La Habana están atravesados por la participación.     
 
No puede ser de otra manera. La construcción de la paz será una empresa larga, difícil y sobre todo colectiva en la que las personas, en especial los habitantes del campo, no pueden ser simples beneficiaros y espectadores de la paz. Tienen que ser sujetos activos de esa construcción, porque sin su participación no es posible la implementación y porque la activación de sus derechos políticos es en sí misma un objetivo de este proceso. 
 
Porque hay una relación directa entre la activación de esos derechos políticos y el fortalecimiento institucional.  En la medida en que las comunidades participan y encuentran una respuesta eficaz a su participación, crece la confianza en las instituciones y se forma un círculo virtuoso de fortalecimiento institucional, que es finalmente el único camino para garantizar derechos, encauzar conflictos, romper desconfianzs y conseguir una paz estable y duradera. Es lo que hemos llamado la paz territorial.
 
A esa misma lógica de inclusión política en el nivel territorial contribuye la refrendación en el nivel nacional. En la medida que todos participan en el debate público en pie de igualdad y se toma en serio las convicciones de los demás, como escribe Rawls, se promueve la inclusión y se construye una cultura política.
 
La participación tiene entonces un valor intrínseco. Como dice el mismo Rawls, el ejercicio de estos derechos y libertades “fortalece la percepción de cada quien de su propio valor, amplía su sensibilidad moral e intelectual y sienta las bases del sentimiento del deber y la obligación, del cual depende la estabilidad de unas instituciones justas”.  
 
Por eso el proyecto propone un umbral de aprobación, para promover por supuesto la participación de todos en la decisión más trascendental que es la concreción de la paz, pero también para promover una cultura política que siente la bases de la convivencia y del respeto mutuo y del respeto a las reglas de juego – todos estos objetivos superiores de este proceso. 
 
Por respetable que sea la abstención en condiciones de normalidad, ante una decisión de esta magnitud no es el momento de promoverla; no es el momento de rehuir el debate; no es el momento de llamar a la resistencia civil.
Es el momento de deliberar con argumentos en un marco institucional de decisión, que es lo que propone este proyecto.  
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La tercera razón para promover la refrendación es la necesidad de darle un fundamento en la decisión soberana de los ciudadanos al complejo proceso de formalización jurídica y desarrollo normativo de los acuerdos. Es sobre la base de esa decisión soberana que el Gobierno acordó una ruta de incorporación de los acuerdos al ordenamiento jurídico, de manera transitoria y limitada a las normas necesarias para su propio desarrollo. De nuevo, la refrendación política detona la formalización jurídica.
 
Por último, la refrendación sienta la base política de la implementación. Como hemos dicho tantas veces, la negociación en La Habana ha sido de una extraordinaria dificultad, pero esa dificultad palidece frente al tamaño de los retos de la implementación. 
 
Pot tanto requerimos con urgencia de un instrumento idóneo, como lo propone este proyecto de ley, que convoque a los colombianos y construya, si así lo deciden, una voluntad colectiva de llevar a la realidad los acuerdos. Dicho de manera sencilla: de que todos pongan para que las cosas pasen. 
 
Al final un ejercicio de deliberación colectiva en el que participen tanto los promotores como los opositores del proceso, los jóvenes como los ancianos, los colombianos que hoy viven en la ciudades como los que viven en el campo, no puede sino contribuir, después de tantas víctimas y tantos muertos, a la construcción de una nueva comunidad política y de una democracia más abarcante en el territorio nacional.
 
Por todas estas razones les solicito respetuosamente como Alto Comisionado para la Paz, Honorables Magistrados, declaren exequible el proyecto de ley estatutaria en discusión.